Andalucía abre la puerta a la regularización de más de unas 225.000 viviendas ilegales

La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto por el que trata de poner orden en el desaforado crecimiento de las viviendas construidas ilegalmente en suelos no urbanos (en zonas aisladas sobre terrenos no urbanizables). La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, las ha cifrado en torno a las 250.000 en toda la comunidad, con especial incidencia en zonas como la Axarquía de Málaga o el Valle del Almanzora de Almería, entre otras. Alrededor de un 10 por ciento de ellas, unas 25.000, habrán de demolerse, según ha avanzado. El decreto no afecta a las viviendas ilegales construidas sobre suelo urbanizable.

Cruz ha explicado que hay dos vías para abordar este problema, que se circunscribe así a las 225.000 que se mantendrán en pie. Un primer grupo de viviendas, en torno a 200.000, podrían acogerse al denominado procedimiento de regularización. Se trata de viviendas no legales, pero que tampoco pueden demolerse puesto que los delitos urbanísticos cometidos con su construcción ya han prescrito. "Hacemos con estas viviendas un ejercicio de realismo con este procedimiento de reconocimiento, no de legalización, por el que esas viviendas podrán acceder a servicios básicos como luz y agua, así como inscribirse en los registros de propiedad con ciertas limitaciones", ha explicado la consejera.

En segundo lugar hay otras 25.000 edificaciones que podrían acogerse a la vía directa de la legalización a través de la obtención de una licencia de ocupación. La podrán obtener aquellas edificaciones que sean conforme a planeamiento, tengan o no licencia urbanística, y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son conformes con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas las que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras.

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